Por: Giuliana Huarcaya Borja, economista UNMSM y miembro del Grupo Valentín
Los casos de violencia contra la mujer siguen reportándose en los principales medios de comunicación. De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en nuestro país 65 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de agresión en su vida, y el número de casos de violencia atendidos por los Centros de Emergencia Mujer ha ido en aumento en los últimos años. Las estadísticas son alarmantes, más aún si se tiene en cuenta que existen casos de violencia que se quedan en el silencio y que no forman parte de las cifras.
Luego del caso de violencia contra Eyvi Ágreda, brutalmente atacada y quemada por Carlos Javier Hualpa Vacas, un vil y cobarde sujeto que nos mostró una vez más la cultura de machismo y desprecio hacia la mujer prevalente en nuestra sociedad, el viernes 29 de junio se supo del caso de Juanita Mendoza Alva. Ella fue atacada por Esneider Estela Terrones, mientras trabajaba cerca de la cocina de su puesto de venta de comida. La víctima se encuentra en estado crítico en el Hospital Guillermo Almenara, y los médicos manifiestan que sus quemaduras y daños son aún más graves que los que tuvo Eyvi Ágreda. A pesar de que estos dos casos fueron los que tuvieron más repercusión en medios, resulta preocupante saber que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, desde el 2017 se reportaron 17 casos de mujeres atacadas cruelmente con combustible.
El problema de la violencia contra la mujer en nuestro país es estructural, y se agrava con la falta de liderazgo del Estado para desarrollar políticas que promuevan nuevos patrones culturales en nuestra sociedad y prevengan la violencia de género. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), las políticas contra la violencia contra la mujer deben abordarse de manera integral y tener continuidad en su implementación. Si revisamos estas recomendaciones a la luz de lo realizado por el Estado peruano, se puede concluir que se requiere una mayor seriedad y manejo de este problema. En los dos últimos gobiernos, se aprobó el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 -2021 (2016), y se conformó una comisión de alto nivel contra la violencia a la mujer (2017). El actual gobierno, planteó como respuesta la Comisión de Emergencia Multisectorial. Si bien esta comisión se encuentra formulando 11 acciones inmediatas, si se hubiera seguido lo planteado por la PNUD, también hubiera sido importante continuar la implementación las acciones ya propuestas en años anteriores, y otras recomendadas al Estado peruano, como las planteadas por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en inglés).
En cuanto al rol de la sociedad en general, es urgente erradicar aquellos patrones culturales patriarcales que naturalizan la violencia contra las mujeres. En las sociedades en las cuales estos patrones son más marcados, se suele ver la violencia como un asunto privado que debe ser resuelto en casa, fuera del alcance de las leyes. Esto afecta tanto a la sociedad como a las instituciones encargadas de implementar las políticas contra la violencia. Es por ello que en nuestro país, hemos podido apreciar que las instituciones que deben defender a las víctimas las culpan o hacen caso omiso a las denuncias.
Como sociedad, es nuestra obligación velar para que las autoridades cumplan con realizar políticas públicas efectivas en materia de prevención y sanción de la violencia contra la mujer. Lamentablemente, la debilidad de las instituciones no permite un esfuerzo de largo aliento, y por ello los esfuerzos realizados han tenido pocos o nulos resultados. Sin embargo, está en nuestro control empezar un cambio de actitud frente al problema y evidenciar ante nuestra sociedad que hay ciertos patrones culturales equivocados, que normalizan la violencia contra la mujer. Debemos involucrarnos y sensibilizar a las personas a nuestro alrededor, como también no callar ni ser indiferentes ante actitudes violentas hacia las mujeres. No podemos permitir más muertes, ni más ensañamiento con las mujeres. Que las muertes de Eivy y Juanita nos permitan reflexionar, y no seguir siendo indiferentes ante este problema, es momento de involucrarnos como sociedad y como Estado, que vela por el bienestar de todos y todas.