Por Kenny Díaz Roncal, Profesor de Derecho PUCP y Coordinador del Centro de Investigación en modernización del Servicio Civil (CEMSCI).
Compartimos con ustedes el texto del Kenny, miembro del Grupo Valentón, sobre la importancia de reformar el empleo público peruano. En esta aproximación, la reforma podría ser una herramienta adicional en la lucha contra la corrupción (en el acceso a la función pública):
“Con más un millón de servidores en la Administración Pública peruana, la reforma del servicio civil debería ser uno de los objetivos más importantes del Gobierno. Mejorar las condiciones laborales de estos servidores podría incidir de manera directa en el bienestar de casi el 6% del total de la población del país. La vía para conseguir este objetivo no es novedosa, se necesita instaurar una carrera administrativa con posibilidad real de ascenso. Esto motivaría la capacitación de los servidores en busca de una mejora remunerativa, acceso a estabilidad laboral y la objetividad en el servicio público.”
La lucha contra la corrupción desde la reforma del servicio civil
Con más un millón de servidores en la Administración Pública peruana, la reforma del servicio civil debería ser uno de los objetivos más importantes del Gobierno. Mejorar las condiciones laborales de estos servidores podría incidir de manera directa en el bienestar de casi el 6% del total de la población del país. La vía para conseguir este objetivo no es novedosa, se necesita instaurar una carrera administrativa con posibilidad real de ascenso. Esto motivaría la capacitación de los servidores en busca de una mejora remunerativa, acceso a estabilidad laboral y la objetividad en el servicio público.
Sin embargo, la carrera administrativa en el Perú sigue siendo una aspiración pues no está vigente como régimen general1. Se le ha suplido con una serie de contrataciones reguladas por distintas normas. En el mejor de los casos, éstas ofrecen estabilidad laboral y acceso a determinados beneficios. Una de las consecuencias perjudiciales de esta dispersión normativa es la carencia de una política uniforme que institucionalice los requisitos y métodos de fiscalización para el acceso democrático a la función pública. Esta ausencia de regulación agudiza la práctica clientelar en virtud de la cual la plaza pública sigue siendo parte de prebendas políticas.
Algunos ejemplos llamativos son mencionados por Alfonso W. Quiroz en su estudiosobre la “Historia de la corrupción en el Perú”. Identifica prebendas políticas en favor del narcotráfico entre 1970 y 1980, red que financió políticos, partidos y campañas electorales2. De igual modo, señala el caso de Vladimiro Montesinos quien, durante el Gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, se convirtió en un rentista que se beneficiaba de cada nombramiento en las Fuerzas Armadas y Ministerios de Defensa e Interior3. Ejemplos como estos sobran en toda nuestra historia republicana. No obstante, es alarmante el desinterés mostrado por todos los Gobiernos de turno. No es extraño que la burocracia peruana sea acusada constantemente de promover la corrupción en distintos niveles. En este contexto, la reforma del servicio civil podría tener –preliminarmente- un doble rol. Por un lado, salvaguardar derechos subjetivos (carrera administrativa, estabilidad laboral y aumento salarial). Por otro, servir de herramienta en la lucha contra la corrupción evitando que se ejerza función pública sin el mérito para ello.
A nivel de contratación de personal, el empleo arbitrario del sistema de confianza política lleva a que muchos funcionarios o directivos públicos filtren personal en distintos niveles de la Administración Pública sin respetar el mérito ni la igualdad en el acceso. No sólo se usa la contratación laboral (concursos públicos fraudulentos) sino también la contratación civil (órdenes de servicios) para tales fines4.
De acuerdo con SERVIR, el costo anual de la planilla estatal aumenta, por lo menos, S/. 1,000 millones de soles5. ¿Con qué métodos contamos para verificar que las contrataciones se lleven a cabo respetando el principio de mérito? Tenemos un sistema de control posterior que de manera aleatoria identifica supuestos aislados, pero es claramente insuficiente. La reforma del servicio civil podría ser un método idóneo para combatir la corrupción a este nivel si es que se focaliza correctamente el problema. Esto significa verificar la contratación ex ante.
Ya en 1855 el Reino Unido había entendido el problema y constituyó la Civil Service Commission con la finalidad de institucionalizar los concursos públicos de méritos, dando las pautas para la evaluación y certificación de los servidores civiles. El resultado de esta política, junto a otras importantes medidas, llevó a que el Reino Unido tenga uno de los mejores sistemas meritocráticos en el mundo. A ello se suma el fuerte sentido de servicio público en los servidores civiles, cuestión que podría cambiarle el rostro a nuestra alicaída burocracia peruana.
La reforma del servicio civil vista desde esta perspectiva, como un instrumento idóneo para combatir la corrupción, quizá pueda servir para contrarrestar los constantes embates que recibe el proyecto. Situación que tiene al Congreso de la República como principal actor, excluyendo entidades públicas a pesar que el Tribunal Constitucional declaró que tal práctica era inconstitucional por no respetar el principio de igualdad.
1 Funciona únicamente para las carreras especiales.
2 QUIROZ, Alfonso. Historia de la corrupción en el Perú. Lima Instituto de Estudios Peruano, 2013. P. 346.
3 Ídem, p. 389.
4 En el año 2001 el Gobierno de turno constituyó una Comisión Multisectorial encargada de estudiar la situación de estas contrataciones fraudulentas.
5 Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). Características del Servicio Civil Peruano. 2016. En:
http://storage.servir.gob.pe/biblioteca/SERVIR-El_servicio_civil_peruano-Anx1.PDF