A un día de la cuestión de confianza, todavía es posible un amplio acuerdo político que ponga sobre la mesa no solo la reforma, sino la gobernabilidad del país hasta el 2021. Este acuerdo debe comprender lo siguiente: que no se cierre el Congreso y que este sí dé el voto de confianza, que el sustento que el Presidente del Consejo de Ministros haga ante el Congreso no contenga un plazo para aprobar la reforma y, en su lugar, se debe pasar a un cronograma de trabajo para asegurar la vigencia de la reforma al 2021. Ello implica que el Congreso tenga espacio para incorporar propuestas, e invitar a los ministros, sin excusas ni cuestionamientos, a acudir al Congreso para sacar la reforma adelante. Además, los gestos importan: el fujimorismo deberá de ceder la presidencia de la Comisión de Constitución, y entregar al fiscal supremo Chávarry para que responda por sus actos ante la justicia.
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Una vez más la crisis, el desorden. A la terrible corrupción política que vivimos, la acompaña una nefasta sensación de impunidad que produce en todos frustración y descontento, y cuyo rumbo final es difícil de distinguir.
El Congreso se ha comportado de forma censurable. Su compromiso con los valores de la República ha sido precario; sin embargo, seamos claros: no tenemos certeza de que su disolución sea positiva, por más cuestionable que su actuación nos parezca. Esto debe decirse alto y claro, pues muchas voces se entusiasman con dicha posibilidad sin considerar el desgobierno y sus graves riesgos.
La crisis se origina con el archivo de la inmunidad parlamentaria y tiene como detonante el asunto Chávarry, un cuestionado ex fiscal de la Nación y todavía fiscal supremo, quien goza del beneplácito de una mayoría parlamentaria. Ambas cosas reprochables pero, finalmente, bajo la exclusiva competencia del Parlamento.
Es frente a esta situación que el gobierno reacciona y anuncia la cuestión de confianza (CdC) por la reforma política. Pero, hablemos con honestidad: se trata de una propuesta de reforma valiosa pero sin alma, necesaria aunque sin narrativa política, compuesta más de parches que de unidad.
La reforma en sí tiene una historia aparte: supuso una concesión pues el Ejecutivo entregó el espíritu y el cuerpo de la reforma -el hecho político de mayor relevancia de esta administración- a una Comisión de notables, la que ha hecho un trabajo respetable pero limitado pues una reforma política no es un elenco de páginas impresas, sino un proceso que politiza la sociedad, que moviliza voluntades, que produce debate, tensiones, acuerdos.
Esto sin embargo no se ha reflejado en este proceso. El Ejecutivo, ante el primer archivamiento de una de las cinco propuestas, ha planteado una CdC donde se juega el todo por el todo, aún sin haber acudido a sustentar sus propuestas ante el Congreso. Lo más sorpresivo de todo es que fue el mismo Presidente del Consejo de Ministros (PCM) quien dijo: “por supuesto acudiré [al Congreso] con el ministro de Justicia a seguir construyendo sobre estas conversaciones”. Esta situación no se dio y terminó en la presentación de una carta de protesta, acompañado del Presidente Vizcarra.
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Frente a la coyuntura, el gobierno plantea CdC por la reforma, pese a haberla dejado algo olvidada durante más de dos meses. Hagamos memoria: luego del referéndum del 9 de diciembre, la propuesta de la comisión Tuesta fue entregada el lunes 04 de marzo. Lo siguiente fue su presentación al Congreso y su posterior desatención hasta mayo, fecha en que el tema volvió a estar en agenda. Esto es atendible pues la comisión Tuesta propuso temas esquivos al Ejecutivo como el retorno de la bicameralidad. En suma, lo que hoy aparece como urgente estuvo en un segundo plano por lo menos durante 70 días, y si bien es necesaria la exigencia de cronogramas y celeridad, también es verdad que la urgencia reformista tiene visos de reflejo tardío.
Entonces, aquello que incendia la pradera no es en sí la reforma ni el archivo de la inmunidad, sino más bien el blindaje a Chávarry. Por esta razón, el gobierno ha jugado -una vez más- la carta de la cuestión de confianza. Ocurre que a diferencia de la vez anterior, en donde la confianza se pedía para que la ciudadanía participe por la vía del referéndum del proceso de reforma, ahora surgen cuestionamientos a la legitimidad del pedido pues el Ejecutivo le exige al Congreso cambios constitucionales que no tienen impacto directo en su gestión. Dicho de otro modo, no se trata de temas que afecten al gobierno en su función de gerenciar el Estado.Un día después del archivamiento de la denuncia contra Chávarry por la Comisión Permanente, el Presidente de la República anunció el pedido de confianza, acompañado por sus ministros y los gobernadores regionales. “Una mayoría egoísta, que solo piensa en ella, y que blinda, y que una vez más le da la espalda a los ciudadanos y le hace daño al Perú”, dijo Martín Vizcarra en un mensaje a la Nación alineado con el legítimo malestar ciudadano aunque bastante alto en calificativos hacia el Parlamento. Si bien la mayoría parlamentaria se ha ganado a pulso que el pueblo comparta tales impresiones, resulta contradictorio pedir que se otorgue una confianza con tales calificativos. Menos aún se entiende que el Primer Ministro indique ayer domingo que las puertas para dialogar se mantienen, cuando la CdC exige una reforma que debe ser aprobada en la forma, contenido y plazo señalados en la carta; carta que también sostiene que, si posteriormente alguna de las condiciones se incumple, el Ejecutivo entenderá unilateralmente que la confianza votada le ha sido rechazada.
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Todo esto resulta altamente cuestionable más allá de las simpatías que se puedan tener o no, pues si hoy aceptamos este esquema, mañana tendríamos que atenernos a lo mismo, así se tratase -como ahora- de una reforma desconocida, sobre la cual casi el 70% de peruanos señala no saber de qué se trata.
Si como dijo el ministro Salvador del Solar: “no se puede archivar de manera ‘express’ [la inmunidad]”, con mayor razón tampoco es correcto imponer una ‘reforma express’. En todo caso, no debería de haber firmado una carta tan malamente redactada, que lejos de ayudarlo a explicar la situación y sacarla adelante, solo lo ha complicado y puesto en entredicho, a la defensiva y con poco espacio. Espacio que insiste en reducir…
¿Es correcto que el Ejecutivo le señale plazo y forma al Legislativo para que apruebe la reforma de manera ‘express’, sin dudas ni murmuraciones?, ¿existe algún problema con que el Ejecutivo defina a sola firma y a posteriori si el parlamento le ha dado la confianza o con que interprete por sí y ante sí que no se la dio?
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No todo está perdido. La carta presentada por el PCM no representa el pedido de CdC, sino la solicitud para sustentarla. El Ejecutivo se encuentra a tiempo de mejorar los términos su solicitud ante el Parlamento, en aras de llegar a una situación menos tensa y con mayor espacio para el diálogo.
Se requiere cambios, gestos y acciones verdaderas. La grave crisis se tiene que detener ahora y enrumbar con firmeza y transparencia. Los adjetivos no contribuyen al debate. Tampoco las arbitrariedades ni la imposición parlamentaria. Somos peruanos, llamados a ser socios en torno al desarrollo y no enemigos a muerte.
Como dijimos al inicio: A un día de la confianza todavía es posible un amplio acuerdo político que ponga sobre la mesa no solo la reforma sino la gobernabilidad del país hasta el 2021. Este acuerdo debe comprender lo siguiente: 1) que no se cierre el congreso y que éste dé el voto de confianza, 2) el plazo impuesto no debería formar parte del sustento que el PCM realizará mañana martes ante el Congreso; y 3) se debe pasar a un cronograma de trabajo real cuyo objetivo sea tener la reforma vigente para el proceso del 2021, con espacio para que Congreso incorpore propuestas y con la participación de los ministros para sacar la reforma adelante, invitándolos desde ya a que acudan al congreso, sin excusas ni condicionamientos. Adicionalmente, los gestos importan: 4) el fujimorismo deberá de ceder la presidencia de la Comisión de Constitución, o en su defecto crear una gran comisión que se dedique de modo prioritario a esta tarea, 5) en cuanto al fiscal supremo Chávarry, el Congreso debe reabrir el proceso ante la Comisión y asegurarse que responda por sus actos ante la justicia.
Los poderes del Estado deben colaborar no vivir en tensión y enfrentamiento, y entender que la democracia deliberativa no requiere un debate únicamente por cumplir, ni resolver las cosas por la vía del aniquilamiento mutuo. El Ejecutivo además no puede imponer la agenda, temas y plazos al Congreso en lo que además es su actividad principal. El Congreso debe actuar sin demoras ni traiciones, y recuperar la confianza que hoy no tiene. Como hemos dicho, el parlamento puede dar la confianza y fijar un calendario de trabajo que NO tenga como fecha la quincena de junio y debe SÍ asegurar una reforma política con plena vigencia al 2021.
CODA
Esto no se puede hacer así. No sería descabellado que la historia señale el quiebre de instituciones de nuestra democracia por una reforma desconocida, tercerizada, dormida durante meses y cuya vigencia será para el 2021. Una reforma ‘así’ no puede convertirse en la respuesta más urgente a todos nuestros males. Las dos salidas que nos ofrecen son malas: ni el cierre de Congreso será bueno, ni imponer una reforma será positivo. En democracia los modales cuentan y la verdad sea dicha, ninguno de los actores que nos han llevado a esto tienen derecho a jugar con cosas que no tienen repuesto. Necesitamos avanzar a un esquema de debate nacional, más que votar una apresurada cuestión de confianza, necesitamos un acuerdo político en serio, y que ambos depongan las armas, los adjetivos y los agendas pequeñas para gobernar y reformar.
Nuestro país será grande si lo construimos juntos, y juntos significa también una responsabilidad de actuar cuando los valores de la república peligran. A las instituciones hay que fortalecerlas y no cambiarlas cada vez que no nos gustan, funcionan mal o nos parecen insufribles.
Martín Soto, director del Grupo Valentín
PS. ESCENARIOS IMPENSADOS
Los escenarios frente a una posible disolución del Congreso son desgobierno y desgaste y eventualmente una acusación constitucional de la que será difícil librarse. Además, pensemos en que es altamente probable que mañana, tarde y noche, los ex parlamentarios saturen los medios nacionales y extranjeros imponiendo su narrativa, hecho que será difícil de enfrentar por un gobierno sin partido, sin bancada, sin actores.
En similar sentido, conviene preguntarse: ¿de dónde saldrán los valientes ministros que acepten el fajín y cuyo primer acto será el cierre del Congreso?, pues el supuesto de disolución del congreso, presume la pérdida de confianza y caída del gabinete Del Solar, quien 72 horas después ya no sería ministro. En este sentido, cuando se dice “El Gobierno está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias” … se estaría amenazando con algo que no se puede cumplir, pues aquellos se irían apenas la confianza sea rechazada y sería un nuevo gabinete ministerial el llamado a concretar esta complicada tarea.
Finalmente, de continuar las hostilidades, no se descarta salidas con mayor ingenio como por ejemplo, que el Congreso rechace la confianza y públicamente afirme -quizá también con los gobernadores y otras figuritas- que sacará adelante la reforma para el 2021. En este caso, sería complicado que cierren el congreso si cronograma en mano se compromete a la reforma (y a cumplir por ejemplo, con los desafíos que hemos señalado).