Por: Fabrizio Arenas Barchi, Magíster en filosofía PUCP, profesor de la Escuela de Gobierno PUCP y miembro del Grupo Valentín. actualmente se encuentra en el Center for Latin American Research and Documentation de la Universidad de Amsterdam.
El pasado mes de junio la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema emitió la Casación Nº 489-2015 justificando la reducción unilateral del salario de un trabajador por parte de una empresa que, según se señala, pasaba por una situación de crisis económica. Distintos especialistas han señalado su preocupación sobre la sentencia, el Grupo Valentín desea expresar públicamente su propia preocupación por la implicancias de este veredicto.
Primeramente, como ya distintas voces de la opinión pública han señalado, llama profundamente la atención que el fallo no establezca criterios claros para definir las situaciones en las que dichos recortes unilaterales se pueden producir. Decir que deben estar justificados en “”razones objetivas” no resuelve de ninguna manera el problema. ¿Qué es una razón objetiva? ¿Quién define qué es objetivo y qué no?, ¿el empleador?, ¿la misma Sala que resolvió la casación y no fue capaz de establecer en su sentencia los criterios claros que precisen qué es una razón objetiva? En este sentido, la sentencia es injusta porque ampara la arbitrariedad. En efecto, ella abre la posibilidad a acciones totalmente arbitrarias en favor de los empleadores y en perjuicio de los trabajadores asalariados de todo el país. De esta forma, la Corte Suprema envía un pésimo mensaje a la ciudadanía y, en concreto, a los trabajadores asalariados, y a quienes están en pos de convertirse en tales. El mensaje es que están desamparados frente a decisiones abusivas de los empleadores, porque la Corte Suprema las ampara.
Asimismo, sorprende que dicha sentencia deje a decisión del empleador el monto de reducción del salario, solo poniendo como límite el salario mínimo. ¿Es que las condiciones de vida los trabajadores no cuentan en lo absoluto en la relación con el empleador? En una economía donde la distribución del ingreso es claramente inequitativa, ¿no deberían establecerse límites y condiciones claras para dichas reducciones de acuerdo a los salarios de los trabajadores? En el Grupo Valentín nos preguntamos, ¿se encuentran en las mismas condiciones quienes reciben un sueldo de veinte o treinta mil soles mensuales, que quienes ganan mil quinientos soles o menos? Sin duda no lo son. Desde este punto de vista, además de lo dicho antes, la resolución en cuestión es injusta por ser abiertamente inequitativa. Además de todo lo dicho, nos preguntamos si la única solución para la crisis de una organización es bajar los sueldos de sus trabajadores. ¿El trabajador es le que debe recibir el golpe, si es que quiere mantener su trabajo? Seguir trabajando pero en peores condiciones es la única posibilidad que los trabajadores asalariados tienen. ¿Es que el mensaje que el Estado quiere enviarnos a los ciudadanos es que en las actuales condiciones se trata de sobrevivir como se pueda y no de que gocemos de un mayor bienestar? Es necesario señalar que el Presidente de la mencionada sala ya ha salido a explicar públicamente la “verdadera naturaleza” del veredicto. La pregunta es ¿por qué la sentencia no pudo aclarar todo ello por sí misma?, ¿por qué el Presidente de la sala tuvo que salir a aclararla, luego de las críticas? ¿No se dieron cuenta de las implicancias de lo que estaban haciendo?
Finalmente, a propósito de esta sentencia, cabe preguntarle al actual gobierno ¿qué está haciendo para que las clases medias se sigan expandiendo?, ¿qué está haciendo para que el amplio sector que se encuentra en una situación precaria entre la línea de pobreza y los sectores medios pueda seguir mejorando su condiciones de vida? Sin duda, dejar que el grueso de los problemas los cargue el trabajador asalariado no es una respuesta a estas preguntas. Nadie está diciendo que conducir un país sea sencillo, pero si quienes están en el actual gobierno tomaron la decisión consciente de hacerlo; esto es, de asumir los retos que ello implica, entonces deben dar respuestas claras y sólidas a los retos que el Perú plantea, de forma que este país sea más justo y democrático.
Amsterdam, septiembre 2016