Seamos verdaderamente liberales.
Los resultados del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz en Colombia vienen siendo un tema de discusión en todo el mundo y, por su puesto en el Perú. Se ha dicho mucho desde distintos puntos de vista, lo que, en sí mismo, es importante, porque abre la oportunidad al debate público, usualmente escaso en nuestro país. Particularmente en el Perú, este debate ha sido intenso por los ecos de tiempos pasados que trae la situación colombiana a los peruanos, en especial a los peruanos que vivimos entre los años ochenta y principios de los años noventa.
A la luz de esa inmediata asociación algunas personas han tomado partido a favor o en contra del Acuerdo de Paz y de los resultados del plebiscito. Lo primero que habría que señalar, como otros ya han señalado, es que hay que tener mucho cuidado al hacer comparaciones entre la situación colombiana y la peruana. Dicha comparación puede ser muy útil, si es que se realiza partiendo de un análisis profundo de las complejidades de cada una de dichas situaciones. Los procesos no son los mismos, y lo que a algunos puede parecerles similitudes o diferencias no necesariamente lo son. Comparar a la FARC y a Sendero Luminoso, es bastante poco serio si es que dicha comparación no se sustenta en un análisis sólido de los dos grupos. Lo segundo que hay que decir es que hay que tener cuidado al afirmar que el resultado delreciente plebiscito colombiana expresa la voluntad de la mayoría colombiana.
Está claro que eso no es así porque solo el 37,41% de la población colombiana en edad de votar participó del plebiscito, y de ese total, el NO obtuvo el 50,2% de los votos. Es obvio que la mayoría de los colombianos no votó en contra del Acuerdo de Paz, porque simplemente la mayoría de colombianos en edad para votar no lo hizo. En todo caso, a lo que sí nos debería llevar dicho resultado es a preguntarnos ¿qué pasó con más del 60% de votantes colombianos que no asistió? ¿Tal absentismo tiene que ver esto con que la mayoría de la población vive hoy alejada de las zonas de conflicto y violencia? ¿Por qué la campaña del sí no previó esto? Lo tercero que hay que decir es que la victoria del No sobre el Sí no puede ser tomada como la victoria de la cordura sobre la locura, ni nada parecido. Como bien dijo el presidente Kuczynski, lo que se observa es que el voto por el Sí se concentra en las zonasque han sufrido más directamente la violencia del conflicto, y que, hay que añadir, solo desean dejar de estar en medio del fuego cruzado entre las FARC, los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas Colombianas. ¿No les parece legítimo ese deseo? ¿No tiene sentido el mismo? A nosotros nos parece que sí y mucho, y que es importante que dicho deseo entre en el debate público democrático colombiano y que tenga el lugar y el reconocimiento que se merece.
Lo cuarto que hay que decir es que es un error pedir que renuncie el presidente Santos a su cargo debido a la derrota del Sí. El presidente Santos fue el principal promotor del acuerdo de paz, correcto. Pero lo único que expresa el resultado del plebiscito respecto de su propuesta es que el 50,2% de los ciudadanos colombianos que fueron a votar no están de acuerdo con ella, cosa distinta a que quieren que renuncie a su cargo.
Por último, el presidente Santos fue elegido por un proceso de elecciones democráticas. Por lo mismo, la opinión de las personas no debería ser razón para interrumpir su mandato, sea esta mayoría absoluta o no. Para eso los países democráticos tienen un Estado de derecho, que define, entre otras cosas, las razones que justifican que un jefe de gobierno deje su cargo sin haber terminado el periodo que dura su cargo.
En todo caso, el rechazo a su propuesta debería llevarlo a él y a quienes trabajaron en ello a evaluar lo hecho, para tomar las decisiones más adecuadas para la sociedad colombiana y para la democracia en ese país. Luego de todo lo dicho, hay una cuestión que consideramos que la sociedad peruana debería de debatir con seriedad y es el tema de abrir la posibilidad a que agrupaciones políticas asociadas, en nuestro caso, a lo que fue Sendero Luminoso o el MRTA, participen en la vida política democrática nacional. No es un tema sencillo por todo lo que implica, pero consideramos que debería analizarse con seriedad y públicamente este asunto. En el caso peruano, a diferencia del colombiano, una decisión así no se toma como resultado de una negociación entre el Estado y el grupo subversivo.
En el Perú, salvo por lo remanentes de Sendero Luminoso en el VRAE que se dedican al narcotráfico, la guerra terminó hace tiempo. Por supuesto, no se trata de premiarlos. Se trata de evaluar si es mejor para la sociedad peruana mantenerlos al margen de la vida democrática o de introducirlos a ella y exigirles que jueguen bajo las reglas de la política que una democracia demanda. Partamos del hecho que muchos condenados por terrorismo vienen saliendo de la cárcel porque sus condenas se han cumplido. Además, hay que considerar que el hecho de que lesimpidamos participar en los procesos electorales y de participar del debate público político no quiere decir que no hagan política en los márgenes del Estado. Creer eso, creer que con impedirles presentarse a elecciones estamos anulándolos políticamente es, francamente, una ingenuidad.
Por otro lado, es importante considerar que Sendero Luminoso se basaba en una pensamiento dogmático en el que no cabía ninguna clase de disenso o debate. Dentro de Sendero solo se podía decir las directrices de Abimael Guzmán. Precisamente por ello, incorporarlos en el juego político de la democracia sería una forma de atacar políticamente esa línea, obligarlos a que sean parte del juego de la argumentación, del reconocer y escuchar la posición del otro (a pesar de que no se esté de acuerdo) al de tratar de convencer a diversos grupos sociales para ganar votos, etc.
El único requisito para participar en el juego político de la democracia, y esto vale para cualquier actor, es que no se atente contra los principios e instituciones fundamentales que sustentan y dan sentido a la democracia. En ese sentido, la única regla para grupos así es que ningún tipo de discurso que apele al uso de la violencia, que justifique la agresión de los otros, la destrucción del Estado y la democracia, que atente contra los derechos de los ciudadanos es admitido.
Entendemos perfectamente que exista rechazo a esta idea. Ese temor es legítimo como sentimiento inmediato. Es el temor que una acción de esa naturaleza favorezca posiciones que destruyan nuestra sociedad. Pero ¿cuál, en concreto, es el temor? ¿Qué se les permita divulgar su forma de pensar? Si es eso, como ya dijimos, no necesitan la aprobación del Estado peruano para hacerlo, lo pueden hacer en sus márgenes. Más bien, dentro del juego de la democracia, podría establecer los límites correspondientes para ese discurso. Mantenerlos fuera, en los márgenes, es alimentar el sentido de marginalidad, de injusticia, finalmente, que le da combustible a los discursos antidemocráticos para seguir viviendo.
Si, por otro lado, lo que nos preocupa es que haya gente que les haga caso, pues, ¿es que de eso no se trata la democracia acaso? ¿No se trata acaso de presentar mejor razones que el otro, mejores motivos que el otro para convencer a los demás ciudadanos de cuál es la mejor propuesta para ellos? Entonces, si sentimos que comosociedad no podemos ofrecer nada mejor que esos grupos, y que por eso nuestra estrategia debe ser la de utilizar muros de contención legal para mantenerlos al margen, en lugar de traerlos a debatir y ganarles en la discusión, exponiendo sus debilidades, su sectarismo, etc., entonces me temo que estamos derrotados como sociedad. Pero no es el caso.
Estamos convencidos de que sí tenemos que ofrecer, y que no es necesario temer un debate con ningún grupo o posición en la medida que sea democrático, con las reglas de juego de la democracia. Esa es por último la verdadera estrategia liberal, incorporar el disenso en las reglas de su juego político basadas en la igualdad ante la ley y la libertad de los actores. ¿Por qué no ser verdaderamente liberal?
En todo caso, y finalmente, algo quesí debería preocuparnos es que las grandes inequidades que persisten en el país se han superadas, que se trabaje para ello, de forma que, el discurso antidemocrático no se alimente de la injusticia. Pero ese, ciertamente, un tema de distinta naturaleza que el que hemos tratado aquí.
En todo caso, el debate está abierto.
Por Fabrizio Arenas Barchi, profesor de la Escuela de Gobierno PUCP y miembro del Grupo Valentín. Actualmente se encuentra en el Center for Latin American Research and Documentation de la Universidad de Amsterdam.

